El Gobierno quiere cambiar la ley para que la infamia de ayer del Tribunal Supremo protegiendo indecentemente a la banca y desprotegiendo a la ciudadanía a los que se deben voto 15 magistrados sobre 13 magistrados decentes, aquí un análisis de las consecuencias del decreto que previsiblemente sacará el Gobierno en los próximos días, esperemos que no cambien de opinión en el último minuto como nos tienen acostumbrados demasiado a menudo.
HÉCTOR M. GARRIDO
- Ganan los clientes y las arcas del Estado… y pierde la credibilidad del Supremo.
- La banca podría compensar la asunción del tributo con una subida de los tipos.
- El presidente Pedro Sánchez obligará a la banca a pagar el impuesto de las hipotecas y ‘regaña’ al Supremo.
- El PP pide al Gobierno que elimine el impuesto de las hipotecas y Podemos que obligue a la banca a devolverlo.
“Nunca más el cliente”, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia de esta mañana en la que explicaba las medidas de su Gobierno para apagar el fuego judicial con los impuestos hipotecarios.
El Ejecutivo ha decidido apagar el clamor político —y ciudadano, porque hay convocadas protestas para esta semana— echándole un capote al cliente de las entidades financieras y quitándole en el futuro la responsabilidad de pagar el ya famoso Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), el tributo que se abona al firmar una hipoteca y que ingresan las comunidades autónomas. Tras aprobar el decreto, las entidades financieras deberán asumirlo.
Ese “nunca más” de Sánchez volteará el tablero tributario con las hipotecas. El Gobierno aprobará este jueves en el Consejo de Ministros un decreto para cambiar la ley después del caótico proceso de idas y vueltas en el Tribunal Supremo con las hipotecas. Cuando se tramite ese decreto, será la banca y no los clientes los que asuman un impuesto que, en una hipoteca media, puede elevarse del 0,5% al 1,5% del inmueble adquirido. Unos 2.500 euros, en una hipoteca media.
¿Quién gana y quién pierde con la decisión del Gobierno?
Ganan los clientes
Evidentemente, el primer beneficiado por la decisión del Gobierno es el cliente hipotecario. Si antes debía abonar unos 2.500 euros de media a la agencia tributaria de su región del AJD, ahora ese gasto deberá afrontarlo la entidad financiera que le proporciona el préstamo. El banco, según la nueva ley, será el principal interesado en ‘documentar el acto’ de la hipoteca.
La asociación de usuarios de banca Adicae estima que la decisión del Ejecutivo es “una victoria del consumidor” y se congratula de que Sánchez “haya escuchado el clamor social de millones de hipotecados” en contra de la decisión del Supremo de este martes que reponsabilizada al cliente del pago del tributo. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha echado cálculos y estima que los clientes se ahorrarán de forma conjunta unos 1.100 millones de euros al año.
Ganan las arcas del Estado y de las autonomías
La solución que proponían partidos como el PP —que era directamente eliminar el tributo para que no lo pagase ni la banca ni el cliente— ha quedado en saco roto. El Gobierno ha decidido que las administraciones públicas autonómicas necesitan ese ingreso para acometer los programas sociales en sus regiones y, sobre todo, para no dañar el cumplimiento del límite de déficit que impone Bruselas. La sentencia de ayer del Supremo frenaba ya de hecho la devolución de 5.000 millones de euros por las hipotecas pasadas y ahora, con el decreto del Gobierno, se aseguran esos ingresos tributarios para las arcas públicas.
¿Y qué autonomías se verán más beneficiadas? Las que cobran más por el AJD y las que acogen más hipotecas. Según los cálculos de Gestha, las regiones que más agradecerán seguir cobrando el impuesto son Andalucía (85.874 hipotecas anuales por las que ingresan 231 millones de euros), Madrid (83.288 beneficiarios y 189 millones); y Cataluña (70.469 beneficiarios y 259 millones de euros).
Pierde el Supremo
La decisión del Gobierno es todo un mazazo para el Alto Tribunal que, de hecho, ya estaba siendo cuestionado desde la judicatura y desde la política por el “espectáculo” que ha ofrecido al decidir una cosa, la contraria y de nuevo la inicial, en apenas unos meses. De algún modo, el Ejecutivo enmienda con su decreto el dictamen del Supremo y aunque no va a recuperar el dinero para los antiguos clientes hipotecarios —algo que le reprochan desde Podemos— sí lo hace para los nuevos, que no tendrán que pagar el impuesto a diferencia de lo que decidió el tribunal.
Sánchez cree que la medida no mina la “credibilidad” de los jueces al cambiar la ley en un sentido contrario al suyo, pero a la vez pide “autocrítica” a los miembros del Tribunal. “El Supremo ha quedado totalmente desprestigiado con estas decisiones, y la Justicia y la seguridad jurídica han salido perdiendo”, explica por su parte José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
Pierde la banca… ¿o quizás no?
Las entidades financieras se harán cargo del impuesto de las hipotecas a partir de la aprobación del decreto. El sector venía defendiendo en los últimos días que se habían limitado a cumplir la ley y que si alguien debía devolver el dinero, eran las administraciones que lo habían recaudado. Ahora, con la decisión del Gobierno, sí tendrán que asumir el pago del tributo. Un gasto que hasta ahora no soportaban y que previsiblemente encarecerá las hipotecas para los ciudadanos si ahora deben asumirlo. Algo que ya apuntaron en un comunicado reciente, en el que que subrayaban que hasta ahora el mercado hipotecario se había caracterizado “por unos tipos de interés competitivos que permiten el acceso a la vivienda en propiedad a un amplio espectro de población”.
Sánchez cree y espera que los intereses “no suban” para quien contrate una hipoteca. Los expertos, sin embargo, esperan lo contrario. “Los clientes seguirán pagando el impuesto indirectarectamente a través de las muy probables subidas en los diferenciales, a lo que habría que sumar un sobrecoste que aplicará la banca por la gestión del impuesto”, explica Fernando Encinar, jefe de Estudios de Idealista. “Es una medida inocua al ciudadano, el coste acabará recayendo en el cliente igualmente, ya sea a modo de impuesto, de endurecimiento de las condiciones o de diferencial”, añade Jordi Argemí, director general Financiero de Neinor Homes.
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